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Si está interesado en acceso a un establecimiento que puede haber sido financiado por el gobierno federal, puede presentar una denuncia con el Consejo de Acceso bajo la Ley de Barreras Arquitectónicas del 1968 (Architectural Barriers Act, o ABA, por sus siglas en inglés). La ABA exige el acceso a establecimientos diseñados, construidos, remodelados, o alquilados con fondos federales. La ley cubre una amplia gama de establecimientos, entre otros, oficinas de correo, oficinas del seguro social, cárceles y parques nacionales. También la ABA se aplica a establecimientos no gubernamentales que han recibido financiamiento federal, tales como algunas escuelas, viviendas públicas y sistemas de transporte público.

El Consejo aplica la ABA a través de la investigación de denuncias del público. Para empezar una investigación, todo lo que el Consejo necesita es el nombre y la dirección del establecimiento y una breve descripción de las barreras para la accesibilidad. La información adicional acerca del edificio, tal como fecha de construcción o fuentes conocidas de financiamiento federal, es útil pero no necesaria. La información personal, es decir el nombre del reclamante, es opcional y si se suministra, se guarda confidencialmente. Las denuncias se pueden presentar por varios métodos.